Diputada Dufour sobre sentencia del STJ

LA INJUSTICIA

A la Comunidad Chubutenses:

 

El Superior Tribunal de Justicia, integrado por los Dres. Donnet, Vivas y Panizzi,  no hizo lugar a un recurso extraordinario donde solicitaba la revisión de una sentencia que con voto dividido había ratificado la Cámara penal de Puerto Madryn en mi contra.

 

Atenta a las mentiras que el Gobierno Dasnevista instala en los medios locales me veo en la obligación de explicar por qué creo y sostengo que este fallo es la muestra mas cabal de la persecución política a una MUJER, es el ejemplo que sirva de advertencia para  el resto de la sociedad. Es lo que indica que ser oposición en CHUBUT, tiene costos personales muy altos, sino se somete a la voluntad de un gobierno claramente autoritario.

 

Para entender de qué se trata, quiero aclarar que la Fiscalía a cargo de Báez buscó un tipo penal complejo, de alto componente subjetivo – administración infiel- , que fue instaurado en el Código Penal en un gobierno de facto  y tiene su origen en el Nazismo[1] para perseguir a los enemigos políticos.

 

En el marco del proceso, excepto uno de los jueces – Dr Luchelli –  que analizó acabadamente las pruebas y los hechos aportados por mi defensa, el resto no consideró o desecho intencionalmente datos objetivos que pudieran demostrar que los acontecimientos sucedieron de otra manera.

 

Entre las injusticias acaecidas en el proceso podemos marcar como significativas:

 

  1. Utilizaron testigos falsos, que aseveraban haberse encontrado conmigo y haberme advertido del estado de las embarcaciones, situación que se comprobó durante el juicio que nunca ocurrió. Pero si uno lee la sentencia, eso es tomado como cierto. Nadie, nunca habló  conmigo, la comunicación de la tormenta fue según los testigos el día anterior a la tormenta por el canal 16 ( a los capitanes y armadores de los Barcos) nunca a nadie del Comité.  El día 13 de marzo ( en el marco de una interpelación de 5 hs en la HL) recibo un mail de la APPM Marcos Nicosia que decía que los barcos afectaban la operatoria del puerto y del muelle pesquero, siendo esa es la única comunicación formal y probada.
  2. Nunca integré el Comité de Administración de Alpesca, mi función era de control y autoridad de aplicación, pero la justicia no respeta las incumbencia de los cargos o los ignora. Las tareas, funciones y competencias en la administración pública son otorgadas por normas. El Derecho Administrativo es muy claro, no podemos hacer lo que las normas no nos permiten, y si lo hiciéramos estaríamos incumpliendo nuestros deberes como funcionarios. Pero al leer algunos de los votos, parece ser que TODO SE PUEDE HACER, o más grave aún, habiéndole otorgado la función a otro organismo, niegan las normas vigentes y me asignan funciones que expresamente le otorgaban por ejemplo al Ministro de Economía y Crédito Publico ( compras, manejo de los fondos )  o a la Fiscalía de Estado (representación legal del Estado)
  3. Empresarios inescrupulosos dejaron en la calle a mas de 1000 trabajadores y ante la gravedad de conflicto social, el 5 de marzo del 2014 mediante un Decreto 180/ 2014, el Gobernador conforma el Consejo de Administración para empezar encaminar la situación y expropiar los bienes de producción. Los tres integrantes del Comité trabajaron denodadamente con toda las condiciones extremadamente desfavorables – cortes de ruta, reclamos de salarios o de subsidios, restricciones para operar el muelle Storni, corte de energía en la planta por falta de pago, los proveedores locales negaban el aprovisionamiento de materiales al Estado – combustibles, insumos – por deudas de Alpesca – y a pesar de ello, la prioridad era primero los trabajadores y trabajadoras y luego la protección de todos los elementos para poner en marcha la unidad productiva. El 7 de abril del 2014 – un mes después de creado el Comité- se produce una tormenta de magnitud inusitada, estudios de institutos nacionales  pertinentes (INA), certificaron la gravedad del fenómeno climático. Los oficiales de guardia de la Prefectura también avalaron que la tormenta fue extraordinaria, incontrolable. Pero los jueces intervinientes no consideraron el fenómeno y menos aún que en un mes era imposible resolver los problemas que atravesaba la empresa hacia más de 4 años, y que había derivado en abandono y barcos que ya no podían navegar.
  4. La interpretación de los jueces intervinientes fue que tuvimos la intención de dañar los barcos porque en el término de UN MES no resolvimos TODOS los problemas que se encontró el Comité al asumir sus funciones.
  5. El diputado Jerónimo García, hace la denuncia a fines de abril, y teniendo conocimiento acabado de la situación de los barcos, aprueba la expropiación de los bienes sin ninguna observación. Pero lo más significativo fue que la legislatura, y a pesar del conflicto social, tardó casi 4 meses para aprobar la ley que declara los bienes de utilidad pública (La ley ingresó el 5 de marzo del 2014 y fue aprobada el 13 de junio del 2014), impidiendo gestiones oportunas para solucionar los graves problemas.

 

Podría seguir enumerando irregularidades en el proceso, pero creo que estos  hechos dan una clara idea que la Procuración – a través de la Fiscalía de Puerto Madryn –  y la mayoría de los jueces intervinientes tenían un mandato de carácter político que era CONDENARME  a cualquier precio.

 

Los que me señalan con el dedo, pertenecientes al oficialismo, protegen  o están acusados de proxenetas, o abusadores de menores, o acusados de violencia de género,  de cohecho, de malversación de caudales públicos, de enriquecerse a costa del Estado, pero después son capaces de hablar de MORAL, cuando la mayoría de la comunidad del Chubut sabe que  una parte de la justicia NO TIENE VENDA, que responde al poder político de turno para sobrevivir sin sobresaltos,  y defender solo sus intereses.

 

SERA JUSTICIA.

Gabriela M. Dufour

Diputada Provincial FPV-PJ