EL GOBIERNO RATIFICÓ LA QUITA DE CONCESIÓN PETROLERA A LA EMPRESA EPSUR S.A
El Gobierno del Chubut por intermedio de Petrominera Chubut Sociedad del Estado transmitió “su sorpresa” al haber tomado conocimiento “a través de medios periodísticos afines al empresario Ruddy Ulloa y no por autoridades judiciales, que el Juez de Feria Gustavo Toquier habría hecho lugar a un recurso de amparo presentado por la empresa EPSUR S.A. ante la decisión tomada en enero por la Asamblea Extraordinaria del organismo estatal chubutense de rescindir el contrato de concesión otorgado a esa firma por el área Mata Magallanes Oeste ante innumerables incumplimientos legales, técnicos y ambientales”.
Ante estos intencionales trascendidos periodísticos, la administración del gobernador Mario Das Neves ratificó todos los términos de la decisión adoptada el pasado 11 de enero de rescindir el contrato de concesión que había sido otorgado en mayor de 2007 a la empresa EPSUR S.A. propiedad del empresario Lázaro Báez, recordando que la misma estuvo sustentada “en incumplimientos de obras de medio ambiente y legislación ambiental, así como de obligaciones laborales, incumplimiento de pago de regalías a la provincia, también del pago de la penalidad por no alcanzar la producción mínima establecida en el contrato de concesión y falta oportuna del pago del Bono Variable.
En la ocasión Petrominera Sociedad del Estado dejó en claro que “en los años de vigencia el contrato de concesión, nunca hubo la inyección de fondos genuinos tendientes a concretar la puesta en marcha del yacimiento, teniendo incluso la empresa “una actitud desaprensiva con respecto al cuidado del medio ambiente” ya que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Chubut realizó “varias inspecciones de las que surgieron inconvenientes que luego de notificados debían ser subsanados por EPSUR, nada de eso ocurrió y por el contrario de a poco se produjo un notable abandono de las instalaciones”.
La Secretaría de Trabajo Provincial también realizó inspecciones ante denuncias del personal afectado a la producción. Dicho personal ni siquiera contaba con la ropa adecuada que exige el Convenio Colectivo de Trabajo de Petroleros, y debía cumplir sus funciones en una zona inhóspita y con bajas temperaturas en condiciones inadecuadas. De igual manera, corresponde señalar que EPSUR tampoco asumió sus obligaciones como responsable subsidiario de las relaciones laborales de sus contratistas, negándose a reconocer su obligación de pago de las indemnizaciones finales del personal cesanteado.
