“ESTO AÚN NO TERMINA” ASEGURÓ CIMADEVILLA

“En el improbable caso que se proclamaran más de 16 diputados del partido justicialista, la Unión Cívica Radical apelará a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para evitar una flagrante violación a la letra y el espíritu de nuestra Constitución provincial”, explicó el apoderado del radicalismo chubutense.

“La Carta Magna de nuestra provincia es taxativa cuando señala que le corresponden 16 bancas al partido más votado, en este caso el justicialismo, y las otras 11 para los partidos de la oposición, para que puedan ejercer una adecuado control”, se explayó Cimadevilla para señalar que “de proclamarse más de 16 diputados del justicialismo, en cualquiera de sus actuales dos facciones, el radicalismo recurrirá a la Corte Suprema en salvaguarda de nuestra Constitución y de los derechos de todos los chubutenses, que podrían quedar presos de un poder político que sabiamente la Constitución de Chubut le niega a cualquier partido político”.

“El triste espectáculo que vimos, primero los chubutenses y ahora todo el país, no fue la disputa entre dos partidos diferentes, fue una pelea de bandas dentro del peronismo para ver quién de ellos se quedaba con el control de la cosa pública, de los recursos de los chubutenses, para incrementar su poder y su patrimonio, el camino que les ha marcado un gobernador autoritario e insaciable de poder”, disparó el radical.

Cóctel explosivo

“No va a ser fácil el futuro institucional de nuestra provincia”, se lamentó Cimadevilla. “En este caso fue Buzzi, pero a Eliceche le hubiera pasado lo mismo, cualquier resultado ya estaba viciado de ilegitimidad. El triste espectáculo que le ofreció Chubut al país se va a ver reflejado en la calidad institucional de los próximos años. Un gobernador legitimado desde lo formal pero vacío de legitimidad desde lo ético, la furia desatada entre las dos bandas y la imposibilidad de control por parte de los partidos de la oposición son un cóctel explosivo listo para estallar que todos los chubutenses tenemos la obligación de desactivar antes que arrase con nuestras instituciones y contra los derechos y los recursos de nuestros vecinos”, concluyó el senador Mario Cimadevilla.